Hacienda y algunos legisladores han planteado recientemente la posibilidad de aumentar la recaudación mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos, lo que muchos llaman un “impuesto oculto”. Esta medida podría traducirse en un aumento directo en el precio de bebidas que forman parte del consumo diario de millones de mexicanos.
La presidenta había hecho un compromiso público claro: no subir impuestos durante su gestión. Sin embargo, la propuesta de Hacienda y ciertos diputados contradice esta promesa, generando cuestionamientos sobre el cumplimiento de la palabra presidencial y la transparencia en las decisiones económicas del país.
Expertos en economía y consumo señalan que, aunque el aumento pueda generar ingresos adicionales para el gobierno, afectaría de manera desproporcionada a las familias de menores ingresos, quienes destinan una mayor proporción de su presupuesto a productos de uso cotidiano.
Además, organizaciones civiles y ciudadanos han manifestado su preocupación, subrayando la necesidad de buscar alternativas de recaudación que no penalicen el consumo básico ni afecten la economía familiar.
“Es fundamental que cualquier medida fiscal sea transparente y no impacte de manera oculta a los bolsillos de la población”, señala un especialista en políticas públicas.
Con este escenario, la discusión sobre el IEPS y los impuestos ocultos a los refrescos se mantiene vigente, generando atención sobre la necesidad de claridad y responsabilidad en la gestión económica del país.
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