Las investigaciones relacionadas con la venta de alimentos con sobreprecios destinados a Venezuela incluyen a un grupo empresarial mexicano vinculado a la familia Landsmanas, encabezado por Jack Landsmanas Stern, dentro del programa CLAP. El expediente se integra a una serie de indagatorias que documentan la participación de intermediarios privados en contratos de importación de alimentos durante el gobierno de Nicolás Maduro.
El Corporativo Kosmos, grupo empresarial de la familia Landsmanas, aparece mencionado a través de compañías ligadas a esa estructura dentro de un entramado señalado por autoridades estadounidenses, que identificaron a Alex Saab como operador de una red de contratos inflados para la importación de alimentos. Saab, empresario colombiano sancionado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue destituido como ministro de Industria y Producción de Venezuela, lo que reactivó líneas de investigación sobre empresas de la cadena de suministro del programa CLAP.
A través de esquemas que incluyeron intermediación, empresas offshore y contratos con precios por encima del valor de mercado, Kosmos y otras firmas vinculadas habrían participado en exportaciones de alimentos a Venezuela, lo que dio pie a investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.
Con presencia en la industria alimentaria y contratos públicos de distribución en cárceles mexicanas, la familia Landsmanas figura entre los grupos observados por autoridades de ambos países.
Según El Financiero, una investigación iniciada en los últimos meses de la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República mencionó la presunta complicidad de altos funcionarios cercanos al gobierno de Claudia Sheinbaum.
El medio precisa que no necesariamente existe una relación comercial formal directa entre Landsmanas y Saab; no obstante, ambos aparecen citados en investigaciones sobre cadenas de negocios vinculadas a contratos CLAP, bajo sospechas de financiamiento irregular e incluso categorías empleadas por Estados Unidos para indagar posibles vínculos con actividades de financiamiento al terrorismo por su relación con el régimen venezolano.
Desde 2019, autoridades mexicanas habían iniciado investigaciones que abarcaron a cerca de 23 empresas por lavado de dinero, triangulaciones financieras y ventas de productos con precios inflados, relacionadas con el envío de alimentos desde México a Venezuela.
De manera reiterada, la familia Landsmanas ha rechazado vínculos con Saab o participación en negocios ilícitos relacionados con los CLAP, al afirmar que sus operaciones comerciales corresponden a actividades legítimas del sector alimentario.
También se ha documentado la relación de Jack Landsmanas con Turbofin, empresa de arrendamiento vehicular que ha obtenido contratos públicos de alto monto; la firma pertenece a Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain, controladores además de Grupo Traxión, compañía del sector transporte y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.
Ante inversionistas y autoridades bursátiles, Traxión debe cumplir obligaciones de revelación financiera por su carácter de empresa pública. Turbofin, por el contrario, opera como empresa privada y ha sido señalada en reportes periodísticos por adjudicaciones de contratos sin licitación para arrendar patrullas y vehículos oficiales, lo que ha abierto cuestionamientos sobre mecanismos de contratación y redes empresariales.
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