La Suprema Corte se pliega al nuevo gobierno y renuncia a su autonomía

Por momentos parece que México se asoma a una era donde el Poder Judicial deja de ser un poder y se convierte en una oficina más del Ejecutivo. Con la reciente designación de los nuevos jueces de la Suprema Corte, la línea entre justicia y política se ha desdibujado casi por completo.

Los perfiles recién nombrados no son producto de la deliberación técnica ni del equilibrio que exige la Constitución. Son, más bien, el resultado de un acuerdo político dentro del movimiento gobernante, de una lealtad cuidadosamente cultivada hacia la Cuarta Transformación y su nuevo rostro: el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Lo preocupante no es solo quiénes son, sino a quién responden. Los magistrados deberían ser garantes de la ley, pero estos nombramientos parecen garantizar otra cosa: la obediencia. En lugar de ser árbitros, se perfilan como jugadores más del equipo en turno.

Esta semana será clave. Las primeras resoluciones que adopte la Corte mostrarán si en verdad queda un resquicio de independencia o si, como todo indica, el máximo tribunal del país se alineará sin titubeos con las instrucciones de Palacio Nacional. Si eso ocurre, no estaremos ante un Poder Judicial; estaremos ante una extensión del poder presidencial.

La narrativa oficial insistirá en que se trata de justicia social, de reparación histórica, de poner fin a los privilegios de antes. Pero detrás del discurso se esconde una verdad incómoda: los nuevos jueces no representan al pueblo ni a la justicia; representan a un proyecto político que se resiste a ser contrapesado.

La Corte ya no es un espacio de equilibrio. Es el eco de una voluntad única que busca gobernarlo todo —también la ley.

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