Justicia falla a favor de California en demanda federal contra leyes «santuario»

Los Angeles, 5 Jul (AFP) – California ganó este jueves una batalla judicial contra el gobierno del republicano Donald Trump para seguir siendo un estado “santuario” y no colaborar con las autoridades de migración.

El juez John Mendez, de una corte federal en Sacramento, indicó no obstante que las empresas privadas pueden cooperar con el gobierno.

El estado más rico y poblado del país, con los hispanos como primer grupo demográfico, es bastión de los demócratas y un fuerte enemigo de las políticas de Trump, principalmente en inmigración y medio ambiente.

En octubre pasado se declaró “santuario” y en la actualidad tiene leyes que prohíben que las policías locales cooperen con las autoridades federales en la captura de inmigrantes ilegales o que mantengan indocumentados detenidos hasta que puedan entregarlos en custodia de la policía migratoria ICE, así como también autoriza al fiscal general de California a investigar los operativos del gobierno central.

El fiscal estadounidense y secretario de Justicia Jeff Sessions, demandó en marzo estas leyes, alegando que la Constitución “no autoriza” al llamado Golden State (estado dorado) a “obstruir la capacidad de Estados Unidos de aplicar las leyes aprobadas por el Congreso o actuar según la Constitución”.

“La Constitución es la que le otorga al pueblo de California, no la Administración Trump, el poder de decidir cómo brindar nuestra seguridad pública y bienestar general”, indicó el fiscal de california Xavier Becerra.

Sessions felicitó la decisión de que ya no se impida a los empleadores privados cooperar con la policía migratoria, pero dijo estar “decepcionado” por el fallo a favor de leyes que “protegen delincuentes extranjeros”.

Señaló que quiere “continuar luchando contra políticas injustas que amenazan la seguridad pública” sin aclarar si apelaría.

California ha aclarado que las leyes santuario no aplican a indocumentados acusados de delitos graves o violentos.

El juez Mendez, nominado por el presidente republicano George W. Bush, exhortó también a las partes y al Congreso a “dejar de lado puntos de vista político-partidistas y (…) aprobar una ley que aborde este asunto crucial”.