Ciudad de México, 13 de junio de 2018 (Redacción).– Sabía el panista Jorge Romero desde 2013 que había al menos 209 obras ilegales en BJ, “empadronadas” en un listado inicial, que violaban el uso del suelo al exceder el número de pisos permitidos; ofreció pararlas y demolerlas, pero no clausuró una sola.

 

Cinco meses del inicio de su gestión como jefe delegacional de Benito Juárez, anunció en conferencia de prensa un programa para detener esas obras ilegales contenidas en un “primer padrón” y ofreció clausurarlas a razón de “tres al día” para iniciar un procedimiento de revocación que culminaría en su demolición.

 

Sin embargo, tras simular la suspensión de apenas 122 de esas 209 iniciales, todas reanudaron actividades y ni una sola fue clausurada ni menos demolida durante su gestión. Fue mera simulación, se comprobó a la postre, para acallar en efecto las protestas vecinales sobre la proliferación de construcciones ilegales en la demarcación juarense y las denuncias sobre actos de corrupción en las que estarían involucradas las autoridades delegacionales encabezadas por Romero Herrera.

 

En cada caso posó para los fotógrafos con gesto grave al lado de una enorme manta de “suspendida” que simuló colocar en la fachada de cada inmueble sancionado, aunque resultó ser la misma que usó en sucesivas acciones, sostenida por dos empleados de la Delegación.

 

Dos semanas después, ante el incumplimiento de su promesa de cerrar tres obras irregulares diarias, argumentó en una entrevista con el diario Reforma que eso, su propia promesa, era “material y humanamente imposible”

 

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