Insuficiente tres años para acabar con la criminalidad: Renato Sales

México, 4 Ene (Notimex).- El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, consideró que es insuficiente tres años para acabar con los problemas de criminalidad que afectan al país, ya que se necesita una estrategia de mediano y largo plazo.

“Creemos que hay que seguir trabajando coordinadamente, es una cuestión de Estado, no de gobierno, esto va más allá de partidos políticos y preferencias electorales”, señaló.

Explicó que los problemas de seguridad requieren de una solución a mediano y largo plazo ya que continuar con la tarea de revalorizar las policías federal y estatal, modificar sus condiciones de trabajo y crear una profesión con vocación.

“Tenemos que seguir trabajando en la construcción de policía federal y estatal, modificar sus condiciones de trabajo y crear una profesión con vocación”, indicó.

Comentó que es necesaria una mayor vinculación entre los tres niveles de gobierno, ya que la seguridad no es exclusivamente responsabilidad del gobierno federal.

“Hay que insistir en coordinarnos, articularnos, no solamente con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, sino también con el Gobierno de la República en lo que hace a Fuerzas Armadas, en lo que hace el Ejército, a la Armada, con la Policía Federal en las regiones del país donde se ha incrementado el homicidio doloso”, indicó.

El funcionario federal indicó que la Ley de Seguridad Interior no militariza al país, por el contrario, acota la actuación de las Fuerzas Armadas.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, recordó que el vínculo de las Fuerzas Armadas con el gobierno federal data desde 1996 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que es factible que las fuerzas armadas apoyen en materia de seguridad, para evitar una suspensión de garantías.

Refirió que siempre es sano escuchar las voces que están en desacuerdo para generar diálogo y los exhortó a leer con detenimiento los artículos que conforman la Ley de Seguridad Interior.

Sales Heredia indicó que está convencido que esa normatividad está apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que será la Suprema Corte la que determine que no es contraria a la Carta Magna.