A menos de una semana de que se lleve a cabo la gran inauguración de la Copa del Mundo 2026 en territorio nacional, el panorama social y político en México se encuentra bajo una intensa presión. La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció formalmente que el torneo internacional coincide con una serie de reclamos de diversos sectores sociales que amenazan con desatar paros, bloqueos carreteros y manifestaciones masivas. Lejos de ser fricciones aisladas, transportistas, campesinos, docentes y estudiantes han anunciado movilizaciones estratégicas, utilizando la ventana de exposición mundialista para presionar al Gobierno Federal y exigir soluciones definitivas a pliegos petitorios que llevan meses estancados.
El calendario de movilizaciones arranca el próximo 9 de junio con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, cuyos líderes ya advirtieron que iniciarán un paro nacional indefinido tras ocho meses de mesas de diálogo infructuosas. Sin embargo, el punto más crítico se prevé para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, cuando la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ejecute una protesta nacional en las principales autopistas del país para denunciar la crisis de inseguridad en carreteras. A esto se sumará la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) el 24 de junio, amenazando con estrangular los accesos viales y marchar hacia el Zócalo capitalino justo el día del tercer partido de la Selección Mexicana contra Chequia, protestando también por las nuevas atribuciones operativas otorgadas a la Guardia Nacional.
En el ámbito educativo y urbano, la Ciudad de México concentra dos de los conflictos más complejos. Por un lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un plantón y movilizaciones en el Centro Histórico que ya afectan a comerciantes y turistas, obligando a las autoridades a blindar con vallas la plancha del Zócalo, donde está instalado el Fan Fest de la FIFA. Por el otro, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) cumplen más de dos semanas con la toma de las instalaciones de Canal Once, advirtiendo que radicalizarán sus acciones y buscarán boicotear las transmisiones del evento deportivo si el gobierno no cede a su demanda principal: la destitución del director general del instituto, Arturo Reyes Sandoval.
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